En menos de una semana los Kirchner dieron muestras de tener un claro desprecio por el Congreso. La primera vez fue cuando el senador Pichetto se dio cuenta de que no había 37 diputados por la oposición después de haber conseguido el voto para nombrar a Pampuro como vicepresidente del Senado, dejando colgada del pincel a la oposición que no pudo avanzar con el tema de las comisiones. El segundo caso fue ayer cuando, mientras Cristina Fernández le hablaba al Congreso, el BCRA le giraba reservas al tesoro mediante decretos que ya había firmado antes de ir al Parlamento.

Dejando de lado las evaluaciones morales y políticas de tales comportamientos, ¿cuál es el mensaje concreto para la economía? El Gobierno ha mostrado que, perdido por perdido, está dispuesto a utilizar cualquier artimaña para salvar una política económica que hace agua por todos lados, por más que Cristina Kirchner pinte un mundo virtual en el cual no existe la inflación, la desconfianza de los inversores y la explosión de la pobreza. Puesto en otros términos, así como hizo estas dos jugadas ignorando la participación del Congreso, cualquier mañana la gente puede levantarse enterándose que la noche anterior el Gobierno firmó algún decreto confiscando cualquier activo líquido.

¿Cuál es el mensaje que recibe cualquier persona que puede pensar en invertir un dólar en la Argentina? Que el Gobierno no está dispuesto a respetar límites y, por lo tanto, lo pueden obligar a vender a pérdida, impedirle exportar o cualquier otra medida que transforme el negocio en un fracaso. La inseguridad jurídica y los comportamientos arbitrarios son el enemigo más peligroso que tienen las inversiones, y el matrimonio, una vez más, ha demostrado que está dispuesto a recurrir a cualquier artilugio legal para imponer su criterio. Si Cristina Kirchner cree que va a conseguir inversiones porque pague la deuda externa violentando las instituciones, comete un grave error, porque las decisiones de hundir una inversión en un país no pasan solamente por el costo del capital sino por la bondad y estabilidad en las reglas de juego. Puesto en otros términos, la jugada de derogar un DNU y reemplazarlo por otro decreto muestra a las claras la imprevisibilidad de las normas. Y más imprevisible se transforma el Gobierno cuando toma estas decisiones mientras inaugura el inicio del año legislativo.

No es casualidad que los países hayan crecido a partir del establecimiento de los límites que se les impuso a los monarcas. Primero se limitó la arbitrariedad de las monarquías y luego, bajo el imperio de la ley, surgieron las inversiones. Desafortunadamente la Argentina recorre el camino inverso. Se aleja cada vez más de las democracias republicanas y se acerca aceleradamente al modelo de las antiguas monarquías, cuando los reyes disponían a su antojo de los ingresos y patrimonios de sus súbditos. Por supuesto que quienes tienen bonos pueden estar felices porque el valor de los mismos subirá. Pero la contrapartida es que sube el riesgo país medido en calidad institucional. Insisto, bajo un esquema institucional de este tipo, nadie hunde inversiones de envergadura en el país, y esto significa que es la gente la que saldrá perjudicada porque son las inversiones las que generan puestos de trabajo, más productividad e incremento de los salarios reales. Sin inversiones por ausencia de reglas de juego claras, es imposible combatir la pobreza y la desocupación. Claro que ese no parece ser el objetivo del matrimonio.

La gran pregunta que viene a continuación es la siguiente: dado que las reservas que el Gobierno le quitó al Central son insuficientes para hacer frente al déficit fiscal que se proyecta para este año, ¿cuál será el próximo sector en ser afectado? Porque no nos equivoquemos, esto recién comienza.

Por una cuestión de opciones todo parece indicar que la inflación será el impuesto a aplicar por el Gobierno. Un solo dato basta al respecto. Mientras la población está preocupada por la forma en que se dispara la tasa de inflación, Cristina Kirchner ignoró el tema durante su discurso en el día de ayer. No es que solamente el Indec lo esconde, la Presidenta lo ignora.

¿Cuál sería el esquema lógico que cabe esperar? Negar públicamente el ajuste del gasto público y, paralelamente, acelerar el proceso inflacionario para aplicar impuestos sobre niveles de precios cada vez más altos. Por ejemplo, el IVA aportará más en términos absolutos porque el 21% se aplicará sobre niveles de precios cada vez mayores. Mientras tanto, el ajuste de salarios públicos y jubilaciones se mantendrán por debajo de la verdadera tasa de inflación. El resultado será un ajuste brutal sobre la capacidad de compra de la población. Por supuesto que cuando la gente reaccione, la culpa la tendrán los grupos concentrados, los que fabrican chupetines o cualquier otro invento, total el matrimonio ya no tiene demasiados escrúpulos al momento de formular alguna declaración o desarrollar alguna teoría económica. Tal vez sea este el único punto en el que puedo estar de acuerdo con el discurso de ayer de la Presidenta. Mucha gente habla porque el aire es gratis. Si tuvieran que pagar por las barbaridades que sostienen, algunos perderían el inmenso e inexplicable patrimonio que han generado.

Básicamente la idea pasaría por licuar los ingresos reales y dejarle al próximo Gobierno menos reservas, alta tasa de inflación y un gasto público desbordado, con un complejo sistema de subsidios que habrá que desactivar, en el medio de un alto proceso inflacionario y creciente pobreza. El esquema parece ser muy elemental: considerando que tengo muy bajas posibilidades de continuar en el poder en el 2011, le dejo el campo minado al próximo gobierno y hago toda la demagogia posible para llegar hasta donde pueda.

 
Por Roberto Cachanosky
Especial para LA NACION.COM